“AL QUE SE MUEVA GOMAZO Y EL QUE HABLE DIRECTAMENTE AL HOSPITAL” Soy fotógrafo y reportero freelance, me llamo Manuel Moriel, y estoy especializado en periodismo de investigación. En los últimos años me dedico a recabar información temas sobre inmigración. En esas estaba cuando descubrí que los abusos policiales son algo cotidiano en ese entorno. Me muevo por los círculos dominicanos de mi barrio y les saco fotos. Por eso en la madrugada del 19 de abril de 2008 me encuentro en el bar “La Torre” de la calle Fernando El Católico cuando las fuerzas de orden público entran de forma salvaje, en una macrorredada conjunta de la policía municipal de Madrid y la policía nacional en el marco de una operación antidroga. Al grito de “al que se mueva gomazo y el que hable directamente al hospital” parecían Los Hombres de Harrelson invadiendo una zona de conflicto como Irak o Afganistán en vez de un control rutinario de una sala de fiestas. Con esas amenazas tratan de amedrentar e intimidar a todas las personas que van encontrando con muy malas formas y en actitud racista mientras piden la documentación y registran a los clientes. Yo estoy tomando una cerveza y lo que veo es noticia. En ese momento llevo mi cámara fotográfica colgada al cuello y una bolsa negra donde guardo una cámara oculta. La misma que usé para entrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche destapando la falta de seguridad en la custodia de los inmigrantes recluidos, y para infiltrarme en las mafias de prostitución africana. En una ocasión incluso he conseguido que la policía municipal que patrulla por el Parque del Oeste se pusiera en evidencia en un reportaje sobre los ecuatorianos que se dedican a la venta ambulante de comida (échale un vistazo porque no tiene desperdicio y no es un montaje; se grabó sin cortes: En http://www.youtube.com/watch?v=Xaf_TsPsiqQ . Y en la primera entrada de www.elreporterointrepido.blogspot.com ). Comienzo a grabar la situación, con la mala suerte de que un policía se acerca a mí y me pregunta qué llevo dentro de la bolsa. La abro, paro la grabación, y me acredito como periodista enseñando mi carnet de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV (ANIGP-TV). El policía lee el requerimiento de la asociación que dice que “la ANIGP-TV solicita a todas las organizaciones periodísticas y autoridades públicas a prestar al poseedor de este documento la ayuda necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales”. Y me “ayuda” tirándolo al suelo, arrastrándome con otros agentes a patadas, puntapiés y empujones a la entrada del local que es una especie de vestíbulo con dos puertas, una mirando a la calle y otra hacia el interior, con una pequeña ventanilla. El objeto de esta operación es que no haya testigos, y aprovechan para darme una paliza. No obstante, por esa ventanilla se asoma el camarero de sala, Antonio Florentino Ayala, de forma ocasional y presencia cómo me arrean fuerte. A todo esto yo intento proteger la cámara de fotos con la mano izquierda, y sujeto la bolsa con la mano derecha, con lo que estoy indefenso, no puedo parar ningún golpe y se ceban conmigo. A pesar de los esfuerzos por salvaguardar el equipo, es inútil, noto que han roto mi Canon EOS 20D valorada en 1.500 euros y sigo sin defenderme aguantando estoicamente los golpes, temiendo por mi vida. Me empujan a la calle, me tiran al suelo y me ponen las esposas. Me llevan en un furgón a la comisaría de Chamberí, junto a una mujer y un hombre. Allí me requisan todas las cámaras y arrancan un objetivo de botón que llevo en la solapa del abrigo y que estaba apagado. Visionan el vídeo de lo grabado en una habitación contigua. Un policía me dice que me tienen controlado, que me han visto con la bandera de un partido político, en la noche de las elecciones generales. Y yo alucino en colores por las actitudes preconstitucionales que exhiben estos agentes. Me toman las huellas dactilares, me leen los derechos y me meten en el calabozo. Esa noche el “hotelito” está completo de inmigrantes en situación irregular y yo soy el único español. Las redadas dieron su fruto y no cabía un alfiler más. Me asiste mi hermano que es abogado y que llega por la tarde del día siguiente. Es entonces cuando me entero que se me imputa un delito de atentado a la autoridad. Siento tanta consternación que les llamo mentirosos y me niego a declarar delante de la policía. Antes de dejarme libre les pido las cámaras y no me las devuelven. Después paso reconocimiento médico en un centro de salud. Me sueltan, mi abogado consigue una copia del sumario. Según la versión de la policía ellos pidieron la documentación dos veces, y yo, que soy periodista acreditado, me negué. Entonces según su versión, les dije que estaba grabando todo y empiezo a agredir a dos policías, en la barra del bar. Con lo que justifican que me tienen que reducir con “la fuerza mínima imprescindible”. Todo esto es falso y además absurdo porque lo primero que hice para evitar problemas fue sacar mi carnet de prensa. Además un profesional no le dice a la policía que lo está grabando todo si lleva cámara oculta y ni se le ocurre agredir a la policía para filmarse cometiendo un delito. Analizamos las lesiones de los policías supuestamente agredidos. Uno presenta contusión lumbar, dolor de espalda, una enfermedad laboral muy común, subjetiva, y que bien podía habérsela causado cuando me pegaba. El otro quemaduras en las manos que, según el forense “son lesiones previas y ajenas a los hechos que no guardan relación con los mismos”. Con esto dice mi abogado que el archivo está cantado y que es evidente que la policía hizo la redada con la intención de mentir. El 16 de mayo de 2008 presto declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Plaza de Castilla y cuento la verdad de los hechos. A las pocas semanas funcionarios del juzgado llaman por teléfono a mi abogado y le comunican que el caso se ha sobreseído gracias al informe del forense, y que puedo ir a recoger las cámaras. Cuando voy a por el equipo, un funcionario, el mismo que me interrogó cuando declaré lo sucedido, me reitera que el asunto está archivado. Le pido que se levante acta para saber en que situación me devuelven el material, y se niega rotundamente. “Tengo prisa, estoy muy cargado de trabajo por que vienen unos presos”. Al final allí estaban las cámaras, todas rotas. Y la cinta de la grabación no apareció por ningún lado. Por eso la sorpresa es mayúscula cuando, en octubre de 2009 la petición del fiscal es de un año de cárcel e inhabilitación especial. Y que habían pasado 15 meses desde los hechos, en un procedimiento abreviado que, en principio se pensó como un juicio rápido. Me pongo en contacto con los servicios jurídicos de la ANIGP-TV, con el despacho de abogados Bretón de los Herreros, y la letrada Mercedes Arroyo Ramos se hace cargo de la defensa. Le pido que indague sobre el sobreseimiento y me dice que no aparece en el expediente. Le solicito que reclame, que no es posible que la causa se haya mantenida viva por negligencia de los funcionarios, y se niega. Y empiezo a confeccionar la lista de testigos. Yo soy partidario de citar a todos pero la abogada no lo cree conveniente alegando que algunos me podrán acompañar al juicio sin previa citación como es el caso de Antonio Florentino Ayala. A finales de septiembre de 2010 recibo una notificación del Juzgado de lo Penal número 27 donde se convoca la vista oral para el próximo 26 de octubre. Tengo que preparar el juicio y le pido a la letrada que me consiga una copia de las actuaciones judiciales y no me la quiere dar. En ese momento la ANIGP-TV había cambiado de servicios jurídicos y el despacho Bretón de los Herreros ya no gozaba de su confianza, con lo que mi hermano solicita la venia y el caso vuelve a sus manos. Un día antes del juicio, uno de mis testigos, Antonio Florentino Ayala, recibe una brutal paliza por parte de policías de la comisaría de Chamberí, cuando había salido de “La Torre”. Fueron a por él a cazarle y casi le dejan en silla de ruedas. Incluso le encañonaron con una pistola y le amenazaron con pegarle un tiro porque era “un puto negro de mierda”. Chamberí es el distrito donde vive el ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a pocas manzanas del conocido restaurante donde cena los fines de semana sucedieron estos hechos. Por culpa de las lesiones, este testigo está convaleciente en la cama y no puede testificar en el juicio. Además no podemos reclamarlo en el juzgado, por que no figura en el proceso, ya que no fue incluido, por la otra abogada, en la lista de testigos. Comienza la vista oral. Y testifican varios policías, el dueño del bar, el pinchadiscos y un cliente. Todas las versiones policiales son contradictorias y diferentes, no se ponen de acuerdo en el lugar de los hechos, uno dice que en la barra, otro que en la calle, otro que no se acuerda, otro lo está leyendo directamente del sumario… Incluso el que se inventó las quemaduras afirmó bajo juramento que yo fui el causante. El material legal sería suficiente para procesarlos. Los testigos, pertenezcan o no, a las fuerzas de seguridad del Estado, incurren en delito si no dicen la verdad. Que este caso sirva para replantearnos ciertos privilegios de la policía como la presunción de veracidad, para que endurezcan el acceso a las oposiciones de los cuerpos policiales, y para depurar responsabilidades en la comisaría de Chamberí, la misma que también atropelló al fotoperiodista Edu León cuando realizaba sus reportajes sobre las redadas a los inmigrantes.