ENTREVISTA DESDE LA CÁRCEL
Raquel Taladriz Verdes. Cuarenta y dos años. Dos hijas menores. Una de ellas, Ariadna, era lactante en el momento de la detención y estuvo en la cárcel con su madre durante cinco meses. Su caso es un ejemplo flagrante de la lentitud de la justicia francesa. La condena le llegó tarde y mal, justo doce años después del juicio, cuando estaba totalmente reinsertada en la sociedad, con la vida resuelta, y caminaba por el sendero recto del bien social. Ha formado un hogar con un albañil sencillo, José Mediavilla. Ha sido terapeuta del Proyecto Hombre y hasta una organización tan beligerante contra el narcotráfico como Madres Unidas contra la Droga ha pedido su excarcelación inmediata. Ha causado un fuerte impacto en la opinión pública, en los medios de comunicación, y en la sensibilidad de la buena gente que ve en este caso la oportunidad para conseguir una justicia con ojos, alma y corazón. Accedemos a ella mediante una carta que entrega discretamente su hija mayor, Alba, con una lista de preguntas que Raquel nos responde con una nota manuscrita.
PREGUNTA- ¿Por qué está usted en la cárcel?
RESPUESTA- Como me dijo la sicóloga en un intento de entender algo de lo que me estaba pasando: “Porque lo ha dicho Su Señoría”.
P- ¿De qué se le acusa?
R- De un delito contra la Salud Pública.
P- ¿Es la primera vez que está usted en prisión?
R- No.
P- ¿Por qué la soltaron la primera vez?
R- Tuvieron que anular el primer juicio que se había celebrado, debido a las denuncias que mi abogado expuso contra las irregularidades e ilegalidades que se habían producido en él y en mi detención.
P- ¿Cuánto tiempo estuvo entonces?
R- Veinte meses.
P- ¿Nos podría describir cómo fueron sus dos detenciones?
R- La primera vez me detuvieron en la sala de teléfonos de la estación de trenes de París, sentí un fuerte impacto que me empotró contra el cristal. Con una mano me empujaban fuertemente contra él y con otra me ponían una pistola en la cabeza. Alrededor había muchos hombres, siete u ocho, apuntándome con sus armas. La segunda vinieron cuatro Guardias Civiles a mi casa de Zarzalejo. Me dijeron que tenía que acompañarles porque me reclamaba un juez de la Audiencia Nacional.
P- ¿Se arrepiente de algo de su pasado?
R- Hay muchas cosas en mi vida que me gustaría no haber tenido que pasar por ellas, pero también es verdad que parte de lo que soy y de lo que sé ahora ha sido gracias a haber pasado por todas esas experiencias.
P- ¿Conoce los nombres de los jueces que le han inculpado?
R- No.
P- ¿Qué les diría ahora en su defensa, qué diría al fiscal del caso, Fungairiño?
R- Me gustaría preguntarles a los jueces y fiscales si alguna vez han sido conscientes cuando hacen su trabajo de ejecutar ordenes de prisión y negaciones de libertad. Si alguna vez han pensado o piensan que detrás de esos papeles, de esos números, de esas letras, estamos seres humanos, personas de carne y hueso que sentimos y pensamos. No somos máquinas. Me gustaría preguntarles si han reflexionado alguna vez si en su intento de instruir justicia cometen una de las injusticias más grandes que se pueden realizar como es el negarle el derecho a un niño a criarse con su madre. Les rogaría que dijeran si alguna vez se han planteado si realmente están haciendo un bien al ejecutar esa orden o si el daño es mayor. También me gustaría saber qué sienten cada vez que lo hacen.
P- ¿A cuántas personas condenaron en su caso?
R- A tres personas, dos hombres y yo.
P- ¿Cree usted que merece el tercer grado, qué razones argumentaría para que la dejaran libre?
R- Mi familia, mis hijas, mi compañero y yo merecemos recuperar la vida que estabamos disfrutando. Yo no hago ningún daño a nadie, no cometo actos delictivos ni ilegales. Soy una persona perfectamente integrada en la sociedad ¿Qué sentido tiene que me tengan aquí? ¿Por qué me separan de mi familia? ¿Por qué les castigan a ellos? ¿Qué relación tienen ellos con algo que hice yo hace quince años? ¿Qué tengo que ver yo ahora con algo tan del pasado? ¿Por qué me impiden cumplir con la obligación de ser madre y por qué le quitan a mis hijas el derecho a desarrollarse conmigo?
P- Si tuviera delante al Presidente del Gobierno español ¿qué le diría para pedirle que medie por usted y solicite el indulto a Chirac?
R- Le pediría, por favor, que me den la libertad que me han quitado y que me corresponde por derecho de conciencia.
P- ¿En qué consiste su concepto de justicia personalizada?
R- Cuando hablo de justicia personalizada me refiero que a la hora de encarcelar, juzgar o liberar a una persona de la cárcel se tenga en cuenta quién es, y que se le trate como un ser integro y total. Que se valore la situación familiar, y en concreto la de los hijos pequeños dado que emocionalmente son inseparables de sus madres. Que todo se sopese como el tiempo transcurrido, que se estudien las razones y los motivos. Sobre todo analizar si la persona ha comprendido, si asume su error, se responsabiliza, y no reincide en el delito, si al fin ha aprendido ¿Qué sentido tiene el castigo cuando se ha comprendido el error y se asume la responsabilidad de no volver a hacerlo?
P- ¿Cómo cree que podría integrarse ese planteamiento dentro del nuevo concepto de justicia europea?
R- Desconozco por completo lo del espacio judicial europeo, aunque creo que debería basarse en el respeto, la comprensión y la tolerancia.
P- ¿Qué le sugiere la idea que Rosa Montero expresó en una columna referida a usted y que dice que “Cuando la justicia se retrasa demasiado, más que justicia parece venganza”?
R- Para mí eso no es una idea. Es un sentimiento y un hecho. No sólo siento la venganza sobre mí, sino también el ensañamiento por parte de la justicia.
P- ¿Qué labor social ha desarrollado usted en sus años de libertad?
R- He estudiado y trabajado en temas relacionados con la salud, la educación y la ecología. He sido terapeuta, me he dedicado al cuidado de enfermos, personas mayores y niños. Tengo una larga trayectoria de asociacionismo y he estado implicada en organizaciones que defendían la cultura, la vida alternativa, los productos ecológicos, y el cultivo de tierras sin dañar el medio ambiente.
P- ¿Cómo ha pasado todos estos meses en Soto del Real?
R- Sufriendo mucho y luchando para que no me separaran de mi hijita, para salir de aquí. He peleado también para no dejar de ser quien soy, para no convertirme en una más que odia, maldice y desprecia todo y a todos los que están a su alrededor.
P- ¿Cómo se siente una madre cuando la separan de su hija de tres años, por un delito que cometió hace tanto tiempo?
R- Destrozada, hundida. La impotencia te cala hasta los huesos. Sólo lloras y pides. El dolor ya forma parte de ti misma, es como si te desgarraras, como si te quitaran un miembro, como si te arrancaran el corazón... y no hay consuelo posible.
P- ¿Cómo ha afectado a la niña esta situación?
R- Terriblemente, la niña ha pasado mucho miedo. Los primeros meses estaba aterrada, no se separaba de mí, de mis brazos. No comía, no hablaba, y ni se acercaba a nadie. Le aterraba cuando cerraban la puerta de la celda. Lloraba, gritaba, le daba patadas y la aporreaba con todas sus fuerzas hasta que se cansaba. Pero a lo que más miedo tengo es a lo que no se ve, a aquello que su inconsciente esté guardando por no tener la suficiente madurez para entender lo que está ocurriendo.
P- ¿Qué responsabilidades ha tenido usted que delegar en su hija de diecisiete años?
R- Hacerse cargo de una casa, de la limpieza, de la comida, etc... y la responsabilidad de la maternidad con todo lo que ello supone teniendo en cuenta además que ella no ha elegido ser madre.
P- ¿Cómo era su vida antes de la cárcel?
R- Una vida muy normalita haciendo labores en casa y dedicada al cuidado de Ariadna. Además trabajaba en el huerto y en la viña. Preparaba conservas, cuidaba el jardín, y participaba en las diferentes asociaciones a las que pertenezco.
P- Cuéntenos cómo es un día normal en prisión...
R- Me levanto de seis a siete de la mañana. Hago yoga y preparo la celda. Desayuno a las nueve. Limpio las escaleras del módulo y voy a informática. A las once vuelvo, ayudo con los bebés, y si puedo estudio. Algunos días voy a taichí. La comida es de una a dos de la tarde. En la siesta escribo, leo o medito. A las cinco abren, cuido a los niños y a veces estudio.
P- ¿Cómo está resultando la convivencia?
R- Todo se complica si me toca acompañamiento, que consiste en dormir con una mamá y su bebé. No descanso y me descentro bastante.
P- Después de todo lo que le ha pasado... ¿Usted cree en la justicia?
R- No creo en la justicia institucionalizada.
P- ¿Cómo está viviendo que la opinión pública se esté movilizando a su favor, qué repercusiones está teniendo en su vida tales muestras de afecto y solidaridad?
R- Como un regalo. Es un gran regalo. Tengo un gran sentimiento de gratitud que me hace sentir muy bien. De repente todo cobra sentido, nada ha sido en vano, la verdad prevalece. Es la otra cara de la moneda, la cara buena, la cara justa. Por fin es real. La solidaridad, el altruismo, el amor ¡EXISTEN!
P- ¿Qué es lo que le impulsa a seguir luchando para salir de ahí?
R- La verdad, mi familia, el afán de que se haga justicia. Mis amigos y todas aquellas personas que están peleando conmigo, se lo merecen.
P- ¿Qué hará usted cuando salga?
R- Seguir viviendo, seguir luchando. Gracias por todo.
A la hora de responder estas preguntas ella ignora que gracias a la presión popular se le concederá el tercer grado. El miércoles 5 de enero, en la recta final de las Navidades, las autoridades judiciales se lo otorgaron sin ninguna alegación en contra. Ni siquiera la del fiscal. Va a salir de la cárcel de Soto del Real seguramente a finales de enero o a principios de febrero. Es el mejor regalo de Reyes a la humanización de la justicia, aunque no suficiente. El tercer grado es una libertad limitada, un primer paso para el indulto. Centenares de personas que están en esta situación exigen una respuesta de los poderes públicos. El caso de Raquel es la punta de lanza para lograr entre todos una justicia más justa en el Estado Social y de Derecho que propugna la Constitución Española, y que debería contemplar el espacio judicial europeo.
“AL QUE SE MUEVA GOMAZO Y EL QUE HABLE DIRECTAMENTE AL HOSPITAL”
Soy fotógrafo y reportero freelance, me llamo Manuel Moriel, y estoy especializado en periodismo de investigación. En los últimos años me dedico a recabar información temas sobre inmigración. En esas estaba cuando descubrí que los abusos policiales son algo cotidiano en ese entorno. Me muevo por los círculos dominicanos de mi barrio y les saco fotos. Por eso en la madrugada del 19 de abril de 2008 me encuentro en el bar “La Torre” de la calle Fernando El Católico cuando las fuerzas de orden público entran de forma salvaje, en una macrorredada conjunta de la policía municipal de Madrid y la policía nacional en el marco de una operación antidroga. Al grito de “al que se mueva gomazo y el que hable directamente al hospital” parecían Los Hombres de Harrelson invadiendo una zona de conflicto como Irak o Afganistán en vez de un control rutinario de una sala de fiestas. Con esas amenazas tratan de amedrentar e intimidar a todas las personas que van encontrando con muy malas formas y en actitud racista mientras piden la documentación y registran a los clientes. Yo estoy tomando una cerveza y lo que veo es noticia. En ese momento llevo mi cámara fotográfica colgada al cuello y una bolsa negra donde guardo una cámara oculta. La misma que usé para entrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche destapando la falta de seguridad en la custodia de los inmigrantes recluidos, y para infiltrarme en las mafias de prostitución africana. En una ocasión incluso he conseguido que la policía municipal que patrulla por el Parque del Oeste se pusiera en evidencia en un reportaje sobre los ecuatorianos que se dedican a la venta ambulante de comida (échale un vistazo porque no tiene desperdicio y no es un montaje; se grabó sin cortes: En http://www.youtube.com/watch?v=Xaf_TsPsiqQ . Y en la primera entrada de www.elreporterointrepido.blogspot.com ). Comienzo a grabar la situación, con la mala suerte de que un policía se acerca a mí y me pregunta qué llevo dentro de la bolsa. La abro, paro la grabación, y me acredito como periodista enseñando mi carnet de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV (ANIGP-TV). El policía lee el requerimiento de la asociación que dice que “la ANIGP-TV solicita a todas las organizaciones periodísticas y autoridades públicas a prestar al poseedor de este documento la ayuda necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales”. Y me “ayuda” tirándolo al suelo, arrastrándome con otros agentes a patadas, puntapiés y empujones a la entrada del local que es una especie de vestíbulo con dos puertas, una mirando a la calle y otra hacia el interior, con una pequeña ventanilla. El objeto de esta operación es que no haya testigos, y aprovechan para darme una paliza. No obstante, por esa ventanilla se asoma el camarero de sala, Antonio Florentino Ayala, de forma ocasional y presencia cómo me arrean fuerte. A todo esto yo intento proteger la cámara de fotos con la mano izquierda, y sujeto la bolsa con la mano derecha, con lo que estoy indefenso, no puedo parar ningún golpe y se ceban conmigo. A pesar de los esfuerzos por salvaguardar el equipo, es inútil, noto que han roto mi Canon EOS 20D valorada en 1.500 euros y sigo sin defenderme aguantando estoicamente los golpes, temiendo por mi vida. Me empujan a la calle, me tiran al suelo y me ponen las esposas. Me llevan en un furgón a la comisaría de Chamberí, junto a una mujer y un hombre. Allí me requisan todas las cámaras y arrancan un objetivo de botón que llevo en la solapa del abrigo y que estaba apagado. Visionan el vídeo de lo grabado en una habitación contigua. Un policía me dice que me tienen controlado, que me han visto con la bandera de un partido político, en la noche de las elecciones generales. Y yo alucino en colores por las actitudes preconstitucionales que exhiben estos agentes. Me toman las huellas dactilares, me leen los derechos y me meten en el calabozo. Esa noche el “hotelito” está completo de inmigrantes en situación irregular y yo soy el único español. Las redadas dieron su fruto y no cabía un alfiler más. Me asiste mi hermano que es abogado y que llega por la tarde del día siguiente. Es entonces cuando me entero que se me imputa un delito de atentado a la autoridad. Siento tanta consternación que les llamo mentirosos y me niego a declarar delante de la policía. Antes de dejarme libre les pido las cámaras y no me las devuelven. Después paso reconocimiento médico en un centro de salud. Me sueltan, mi abogado consigue una copia del sumario. Según la versión de la policía ellos pidieron la documentación dos veces, y yo, que soy periodista acreditado, me negué. Entonces según su versión, les dije que estaba grabando todo y empiezo a agredir a dos policías, en la barra del bar. Con lo que justifican que me tienen que reducir con “la fuerza mínima imprescindible”. Todo esto es falso y además absurdo porque lo primero que hice para evitar problemas fue sacar mi carnet de prensa. Además un profesional no le dice a la policía que lo está grabando todo si lleva cámara oculta y ni se le ocurre agredir a la policía para filmarse cometiendo un delito. Analizamos las lesiones de los policías supuestamente agredidos. Uno presenta contusión lumbar, dolor de espalda, una enfermedad laboral muy común, subjetiva, y que bien podía habérsela causado cuando me pegaba. El otro quemaduras en las manos que, según el forense “son lesiones previas y ajenas a los hechos que no guardan relación con los mismos”. Con esto dice mi abogado que el archivo está cantado y que es evidente que la policía hizo la redada con la intención de mentir.
El 16 de mayo de 2008 presto declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Plaza de Castilla y cuento la verdad de los hechos. A las pocas semanas funcionarios del juzgado llaman por teléfono a mi abogado y le comunican que el caso se ha sobreseído gracias al informe del forense, y que puedo ir a recoger las cámaras. Cuando voy a por el equipo, un funcionario, el mismo que me interrogó cuando declaré lo sucedido, me reitera que el asunto está archivado. Le pido que se levante acta para saber en que situación me devuelven el material, y se niega rotundamente. “Tengo prisa, estoy muy cargado de trabajo por que vienen unos presos”. Al final allí estaban las cámaras, todas rotas. Y la cinta de la grabación no apareció por ningún lado. Por eso la sorpresa es mayúscula cuando, en octubre de 2009 la petición del fiscal es de un año de cárcel e inhabilitación especial. Y que habían pasado 15 meses desde los hechos, en un procedimiento abreviado que, en principio se pensó como un juicio rápido. Me pongo en contacto con los servicios jurídicos de la ANIGP-TV, con el despacho de abogados Bretón de los Herreros, y la letrada Mercedes Arroyo Ramos se hace cargo de la defensa. Le pido que indague sobre el sobreseimiento y me dice que no aparece en el expediente. Le solicito que reclame, que no es posible que la causa se haya mantenida viva por negligencia de los funcionarios, y se niega. Y empiezo a confeccionar la lista de testigos. Yo soy partidario de citar a todos pero la abogada no lo cree conveniente alegando que algunos me podrán acompañar al juicio sin previa citación como es el caso de Antonio Florentino Ayala.
A finales de septiembre de 2010 recibo una notificación del Juzgado de lo Penal número 27 donde se convoca la vista oral para el próximo 26 de octubre. Tengo que preparar el juicio y le pido a la letrada que me consiga una copia de las actuaciones judiciales y no me la quiere dar. En ese momento la ANIGP-TV había cambiado de servicios jurídicos y el despacho Bretón de los Herreros ya no gozaba de su confianza, con lo que mi hermano solicita la venia y el caso vuelve a sus manos.
Un día antes del juicio, uno de mis testigos, Antonio Florentino Ayala, recibe una brutal paliza por parte de policías de la comisaría de Chamberí, cuando había salido de “La Torre”. Fueron a por él a cazarle y casi le dejan en silla de ruedas. Incluso le encañonaron con una pistola y le amenazaron con pegarle un tiro porque era “un puto negro de mierda”. Chamberí es el distrito donde vive el ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a pocas manzanas del conocido restaurante donde cena los fines de semana sucedieron estos hechos. Por culpa de las lesiones, este testigo está convaleciente en la cama y no puede testificar en el juicio. Además no podemos reclamarlo en el juzgado, por que no figura en el proceso, ya que no fue incluido, por la otra abogada, en la lista de testigos.
Comienza la vista oral. Y testifican varios policías, el dueño del bar, el pinchadiscos y un cliente. Todas las versiones policiales son contradictorias y diferentes, no se ponen de acuerdo en el lugar de los hechos, uno dice que en la barra, otro que en la calle, otro que no se acuerda, otro lo está leyendo directamente del sumario… Incluso el que se inventó las quemaduras afirmó bajo juramento que yo fui el causante. El material legal sería suficiente para procesarlos. Los testigos, pertenezcan o no, a las fuerzas de seguridad del Estado, incurren en delito si no dicen la verdad. Que este caso sirva para replantearnos ciertos privilegios de la policía como la presunción de veracidad, para que endurezcan el acceso a las oposiciones de los cuerpos policiales, y para depurar responsabilidades en la comisaría de Chamberí, la misma que también atropelló al fotoperiodista Edu León cuando realizaba sus reportajes sobre las redadas a los inmigrantes.
